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La autoridad plantea esta serie de medidas encaminadas a incrementar la recaudación de impuestos el próximo año.
Aumentar sanciones y percepción de riesgo
Se espera que para enero de 2020 la defraudación fiscal sea tipificada como delito grave y la emisión de facturas apócrifas como delincuencia organizada.
Se espera que elevar las sanciones tenga un impacto disuasorio, pues si se mantienen las condiciones actuales, algunos contribuyentes continuarán abusando del fisco.
Estas medidas vienen acompañadas de la renovación de las áreas de fiscalización y control de la autoridad fiscal. Dicha renovación está basada en el uso de tecnología de punta y herramientas de inteligencia artificial. Lo que se pretende es que la identificación de evasores y contribuyentes incumplidos sea más eficaz y rápida.
El martes 10 de septiembre, el Senado de la República aprobó un paquete de iniciativas con el que se busca incrementar las penas por evasión fiscal. Aún falta que el paquete de iniciativas sea discutido en la Cámara de Diputados, al menos hasta la fecha en la que redactamos este texto.
Pago del ISR por ingresos de arrendamiento
La legislación actual establece que los arrendadores de bienes inmuebles están obligados a efectuar pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y a emitir un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) por cada pago que reciban por el arrendamiento de inmuebles.
Sin embargo, a pesar de que existe dicha obligación, se estima que la tasa de evasión del ISR de ingresos por arrendamiento representa 0.1% del PIB, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.
Por eso, como parte del Paquete Económico 2020, la Secretaría de Hacienda propone una medida que genere incentivos para que los arrendadores cumplan con sus obligaciones fiscales.
Para promover la emisión del CFDI por parte del arrendador, independientemente de que lo solicite el arrendatario, la Secretaría de Hacienda pretende que en los juicios de arrendamiento de inmuebles donde se obligue al arrendatario al pago de rentas vencidas, el juez no autorice los pagos si el arrendador no acredita haber expedido los CFDI respectivos.
El objetivo de esta medida es que los contribuyentes que participan en el arrendamiento de inmuebles emitan los CFDI correspondientes. Así el SAT contará con información que facilitará sus labores de control y fiscalización.
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